La idea de otorgar un ingreso suficiente de forma individual, incondicional y universal a toda la población no es reciente. Ya a mediados del siglo XVIII se publicaron los primeros escritos en los que se desarrollaba la idea: Thomas Paine (1796) y Thomas Spence (1797), en un contexto de transición entre el Antiguo Régimen y el inicio de las revoluciones modernas, donde también se sitúan las primeras manifestaciones del movimiento feminista. La RBU es una propuesta que cuenta con sólidos fundamentos éticos y políticos, ya que pretende actuar sobre las raíces de la desigualdad y la pobreza, mediante una justa redistribución de la riqueza generada socialmente y la dotación de seguridad económica al conjunto de la población.

Desde entonces, se ha recorrido un largo camino, realizándose muchos estudios y planes piloto de renta básica que han contribuido a avanzar en el conocimiento y el debate sobre la renta básica universal. Actualmente, la RBU, como propuesta de política social, no solo se debate en el ámbito científico y académico, sino también a nivel social y político, tanto a nivel nacional como internacional. Un ejemplo actual del alcance internacional del debate sobre la RBU es la publicación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con motivo del Día Internacional contra la Pobreza. La agencia de Naciones Unidas declara que “tener un trabajo asalariado no garantizaba quedar a salvo de la pobreza. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 13% de los trabajadores del mundo experimenta pobreza moderada y el 8% pobreza severa”. El PNUD aboga claramente por una RBU, “la cual entraña el potencial no solo de restaurar la dignidad, sino también de brindar protección contra futuras crisis”.

Recientemente, la senadora independiente Kim Pate en el Senado de Canadá ha presentado un proyecto de ley que plantea la creación de un marco nacional para una RBU en el país. En Cataluña, hace más de 20 años que el debate sobre la RBU está presente en el mundo académico y entre los diferentes agentes sociales y políticos, con mayor o menor intensidad según el momento.

Por mucho que se haya hablado a lo largo de estos años y se siga hablando de ello en los ámbitos y sectores en los que hay interés, la RBU no está a salvo de críticas y resistencias de diversa naturaleza que cuestionan desde algunas de sus características, especialmente la universalidad y la incondicionalidad, hasta su viabilidad económica y política. Un sector que se ha mostrado abiertamente interesado en avanzar en el análisis de la viabilidad de la RBU es el de la acción social.

Desde la Oficina del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica Universal, hemos realizado más de 70 reuniones con una cincuentena de entidades y organizaciones (sindicatos, patronales, tercer sector y otras organizaciones de la sociedad civil catalana e internacional) con el interés de comprender mejor sus inquietudes sobre la RBU y el plan piloto. Así pues, no solo hemos oído argumentos que defienden los efectos positivos de la RBU, sino que también y sobre todo, hemos querido tratar con ellas aquellos aspectos de la RBU que generan temor por probables efectos no deseados de la política, así como dudas y resistencias conceptuales sobre el cambio de paradigma que representa la RBU respecto a la política de garantía de ingresos vigente, las rentas mínimas.

En general, se comparte el diagnóstico sobre la insuficiente efectividad del actual sistema de prestaciones económicas focalizadas y condicionadas, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y otras prestaciones, ayudas y subvenciones, para combatir las desigualdades económicas y la pobreza. Estas prestaciones han sido diseñadas como medidas reactivas y paliativas de las situaciones de pobreza y no como mecanismos de prevención. Preocupa la fragmentación y complejidad del entramado de prestaciones, subsidios y ayudas existentes, y se reclama la necesidad de simplificar el sistema y hacerlo accesible a la población. En definitiva, se reclama la necesidad de avanzar en la búsqueda de fórmulas que permitan transformar y modernizar el actual modelo de estado del bienestar, avanzando hacia esquemas universales y de garantía de ingresos suficientes, que superen las limitaciones de las políticas focalizadas y condicionadas. Muchos estudios evidencian que estas prestaciones, aunque consiguieran elevados grados de focalización, es decir, se consiguiera identificar correctamente a los potenciales grupos de población, deberían acompañarse de una implementación perfecta para que llegaran a cubrir a toda la población a la que se dirigen (población diana u objetivo). En otras palabras, deberían ejecutarse sin error alguno en su procedimiento administrativo, teniendo en cuenta la complejidad de los procedimientos administrativos vinculados a estos.

Teniendo en cuenta la complejidad de los procedimientos administrativos vinculados a este tipo de programas llenos de requisitos y condicionantes, pensar que este escenario sea posible es poco realista. Incluso, suponiendo que este escenario fuera posible, su incidencia en la reducción de la tasa de pobreza material severa sería poco significativa. Por ejemplo, en este escenario ideal, la RGC, que tiene como objetivo reducir la tasa de pobreza material severa, – y que, no olvidemos, solo representa una parte del total de personas en riesgo de pobreza -, ésta se reduciría solo entre 1,38 y 1,78 puntos porcentuales (Ivalua, 2023).

Sin embargo, hay quien ve riesgos o problemas derivados de su implementación, como por ejemplo, el desincentivo laboral, el incremento del consumo y de los precios, la utilización de los ingresos adicionales que representaría, el efecto llamada, la desmovilización colectiva, el mantenimiento de la división sexual del trabajo y, por tanto, el relegamiento de la mujer en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el impacto en el trabajo doméstico y de cuidados remunerado, la compatibilidad con el actual sistema de prestaciones contributivas y no contributivas o el resurgimiento de políticas de desmantelamiento de los servicios públicos.

Muchas de estas hipótesis podrían ser confirmadas o refutadas con datos e información sobre los efectos de la RBU en el conjunto de la población. Otros, en cambio, tienen que ver con el modelo de RBU que se defiende. Para quienes defendemos una RBU progresista y de izquierdas, entendemos que la RBU debe ir acompañada del mantenimiento y la mejora continua de los servicios públicos: salud, cuidados, educación, etc., así como otras políticas públicas que refuercen su potencial y minimicen los posibles efectos no deseados.

Por lo que respecta a su viabilidad, la principal crítica es el elevado coste de financiación. Si bien es cierto que aplicar una RBU representaría un gasto adicional importante, este estaría lejos de los 50.000-65.000 millones de euros que algunas voces pronostican, tal y como demuestran los economistas Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens en las simulaciones de financiación que han realizado a lo largo de estos años. También representaría un ahorro importante, pero sería, sobre todo, una inversión. ¿Qué oportunidades generaría la RBU? Una sociedad más tranquila y feliz, puede ser más productiva: podríamos decidir nuestro empleo, podríamos emprender a través de un proyecto de autoempleo o crear una cooperativa o cualquier otro tipo de negocio. Con la RBU podríamos gozar de más y mejor salud mental (y física). Se erradicaría la pobreza material y la precariedad en las condiciones de vida. Se podrían reducir los delitos y la violencia derivada de condiciones de vida precarias y vulnerables. Permitiría reducir y simplificar la complejidad del actual sistema de prestaciones, ayudas y subvenciones, así como la carga burocrática y mental que representa para los ciudadanos el proceso de solicitud y la consecuente estigmatización social a la que se exponen por el mero hecho de pedirlas. Todo esto con el consiguiente ahorro económico que representaría para el sistema público de salud y de bienestar social, entre otros. En definitiva, ¿cuanto nos cuesta actualmente no tener una RBU?

Es evidente que la situación actual de cronificación e intensificación de la pobreza (la tasa de pobreza después de transferencias se mantiene en torno al 20% en los últimos veinte años y una tasa AROPE, el indicador europeo de referencia para medir el riesgo de pobreza o exclusión social, del 24,7%) reclama actuar en el corto plazo para mejorar la escasa cobertura de los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Pero, al mismo tiempo, debemos saber actuar en el corto plazo sin que la urgencia del presente nos ciegue la mirada al futuro próximo, que también requiere con urgencia soluciones innovadoras con capacidad transformadora que actúen sobre las raíces de la desigualdad económica y la pobreza. La RBU cuenta con un potencial transformador de la vida de las personas que merece ser considerado y evaluado para avanzar en la consecución de un estado de bienestar moderno, verdaderamente inclusivo y que cumpla realmente con su misión.

La defensa de la RBU es una auténtica carrera de fondo. Una travesía para la que debemos prepararnos no sólo para saber aprovechar la fuerza de las corrientes que nadan a favor, sino, sobre todo, y especialmente, para superar las resistencias de las corrientes que empujan en contra. Por todo ello es tan necesario el debate, la creación de espacios donde puedan encontrarse y confluir las diferentes corrientes. Pero al mismo tiempo, para que el debate sea realmente fructífero, tan necesario es que todos los agentes sociales estén abiertos a valorar la propuesta como disponer de datos que aporten información sobre los posibles efectos y el impacto de la RBU en el contexto catalán. El camino hacia una sociedad más justa y libre, requiere de constancia en la generación de conocimiento y coraje para continuar luchando por una sociedad más justa para todos y todas.

Fuente: https://catalunyaplural.cat/es/renta-basica-universal-una-carrera-de-fondo/