La expansión en el conocimiento, reflexión y debate sobre el Ingreso Ciudadano más allá de los países europeos y la cálida acogida que empieza a tener la propuesta en América Latina y en el Sur de África, no sólo en círculos académicos sino también entre organizaciones sociales, organismos no-gubernamentales y medios de comunicación expresa la avidez de nuevas miradas, nuevas iniciativas, nuevas perspectivas frente al viejo y duradero fenómeno de la pobreza, la desigualdad y la ciudadanía restringida de nuestras sociedades.

Permítanme ilustrar la desigualdad mexicana con algunos datos. Para el año 2,000 el coeficiente de Gini del país era de 0.54. El 10 por ciento de la población más rica tiene un ingreso 45 veces superior al 10 por ciento de la más pobre. Pero si desagregamos las cifras encontraremos que 20 multimillonarios mexicanos tienen una riqueza equivalente al 6% del Producto Interno Bruto, con un ingreso estimado en 14 mil veces superior al del promedio de la población.

Cada vez se impone más la evidencia de la dimensión de la crisis del mundo contemporáneo y de la necesidad de construir un viraje profundo que vuelva vivible un mundo rico como nunca y desigual como nunca, comunicado como nunca pero fragmentado y polarizado como pocas veces en la historia humana, con pobreza extrema y riqueza extrema coexistiendo en un contexto de depredación ambiental y de calentamiento global, un mundo del hiperconsumo en el que reaparece el fantasma del hambre masiva.

La magnitud de la crisis del mundo contemporáneo tiene dimensiones económicas, políticas y morales de extraordinaria profundidad. De esa magnitud deben ser las propuestas de reordenamiento social y político que nos planteemos.

Desde México vemos la propuesta del ingreso básico como parte del conjunto de propuestas para construir una nueva economía, una nueva ciudadanía y una nueva cohesión social.

Para ser parte de la respuesta a los grandes problemas contemporáneos, el Ingreso Ciudadano es un horizonte programático cuya aplicación forma parte de una reforma social de gran calado. No es una medida aislada, supletoria, intercambiable por otros derechos sociales.

Ante la limitación y fracaso evidente de las políticas y programas de combate a la pobreza y la desigualdad, ante la devaluación y precarización del trabajo y ante el desmantelamiento de las instituciones de nuestro limitado social, comienza, por lo menos en México a plantearse la necesidad de reconsiderar la cuestión social desde la perspectiva de los derechos generales de ciudadanía y de la dimensión social de la ciudadanía.

Desde una perspectiva de ciudadanía social que a diferencia de la ciudadanía política no se inicia a determinada edad con el derecho al voto, sino que debe ir desde el embarazo con calidad hasta la muerte con dignidad.

Lo anterior significa que los derechos sociales deben ser inmanentes a las personas por el simple y poderoso hecho de ser personas y no pueden ser sólo derechos derivados del mercado laboral. En este sentido, el Ingreso Ciudadano es un poderoso paso adelante en el proceso que nos lleve a la desmercantilización de la reproducción de la vida, a garantizar el derecho a la existencia, a facilitar una vida multiactiva y a promover el florecimiento humano.

En México, y me atrevería a decir que en América Latina, parte del atractivo del Ingreso Ciudadano como propuesta reordenadora de las relaciones sociales obedece a sus insospechados efectos como herramienta de transformación social.

Por ello su discusión no puede circunscribirse ni a un enfoque tecnicista tradicional de políticas públicas ni a una mirada economicista que sólo destaque, sin minusvalorar su relevancia, su impacto en el combate a la pobreza, los coeficientes de distribución de la riqueza o la reactivación de los mercados.

En este sentido el atractivo y la pertinencia del Ingreso Ciudadano es su no reductibilidad a una lógica instrumental, sino su fundamento filosófico, su promesa de nueva sociedad y horizonte de vida buena y de devolver al debate de la cuestión social, desde una perspectiva de complejidad e integralidad, en el que la libertad, la igualdad y la fraternidad se encuentran en el centro.

La desigualdad es el corazón de la cuestión social en América Latina. La propuesta del Ingreso Ciudadano permite abordarla desde un enfoque novedoso que revela el carácter general y abstracto de la riqueza social y por ende de la posibilidad de una participación universal y alícuota de todos los miembros de la sociedad en su distribución y disfrute. Pero esta participación posible en el acceso individual, universal y no condicional a la riqueza social puede generar también un nuevo sentido de pertenencia a una comunidad política y cultural sentando las bases de una cohesión social cuyos ejes serían la solidaridad y la reciprocidad.

Así, el Ingreso Ciudadano no es sólo una herramienta de transformación con impacto en todo el orden social dada la ampliación de libertades y la construcción de autonomía que supone para mujeres, trabajadores, jóvenes y adultos mayores, por mencionar los más relevantes, sino que también puede contar con un potencial movilizador de alta intensidad política.

Una idea sencilla y poderosa, coherente y viable que ofrece una respuesta pertinente a los problemas de pobreza, desigualdad, exclusión y subordinación social del mundo actual.

Componente de este potencial movilizador del Ingreso Ciudadano es que, desde México, lo vemos desde una perspectiva epistemológica que nos permite proponer no sólo un ingreso básico, sino también una nueva economía y una nueva ciudadanía.

Si el Ingreso Ciudadano es mucho más que una medida de política pública aislada, si lo asumimos como un nuevo derecho, si forma parte, como señalé anteriormente, de una reforma social de gran alcance, entonces, el Ingreso Ciudadano nos debe permitir repensar no sólo las fuentes de ingreso, sino también las maneras del consumo, la redefinición del trabajo y la posibilidad de construir una nueva economía cuyos ejes podrían ser: la desmercantilización de la existencia y su reconocimiento como derecho, el reconocimiento y dignificación de todo tipo de trabajo y la ampliación de las diversas formas y modalidades de la economía social y solidaria.

Y también el Ingreso Básico puede ser el fundamento de una nueva ciudadanía. Esto es, en la medida en que logremos avanzar en la construcción de las condiciones materiales de la libertad a través, entre otros, del Ingreso Básico, podremos abrir posibilidades insospechadas de participación política, actividad cívica, militancia social y ejercicio de derechos para millones de personas hoy sometidas al imperio de la necesidad, con nulo o muy bajo poder de negociación y carentes de tiempo para otra actividad que no sea la sobrevivencia o la generación de ingresos monetarios para el pago de deudas cada vez mayores.

Vemos, en consecuencia, el Ingreso Ciudadano como una palanca para la construcción de ciudadanía y, como señalé anteriormente, para afianzar su dimensión social. El Ingreso Ciudadano encarna como pocas propuestas el tránsito de una ciudadanía restringida a los ámbitos civiles y políticos formales, a una ciudadanía con derechos sociales y base material. Es una herramienta, en consecuencia, para asumir la integralidad e indivisibilidad de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos y para cerrar una de las brechas centenarias de la sociedad contemporánea: la que se produce entre la igualdad política formal y la desigualdad material real.

En México, y en algunos países de América Latina, el Ingreso Ciudadano empieza no sin dificultades a formar parte del debate público. Es así, como el debate sobre el Ingreso Ciudadano cuenta ya con algunas referencias prácticas tanto de políticas como de iniciativas de ley que anuncian que la discusión de la propuesta constituirá cada vez más parte de la nueva discusión de la cuestión social en la región.

Así, en Brasil fue proclamada la ley que establece el ingreso básico, cuya instrumentación aún está pendiente y que sin duda tendrá un impacto muy profundo en el impulso de la propuesta en toda la región. En la medida de que en Brasil se concrete el cumplimiento de dicha ley de manera gradual pero claramente progresiva y se cierre la brecha de instrumentación entre el contenido de la ley y su cumplimiento efectivo se dará un impulso fundamental al Ingreso Básico en América Latina y, me atrevería a decirlo, en el mundo.

Hemos avanzando mucho en la fundamentación teórica, filosófica, moral del Ingreso Ciudadano, en la demostración de su viabilidad y deseabilidad. Nuestro próximo reto es su materialización en un espacio territorial que pueda servir como referencia práctica, construcción de un caso exitoso que desate el efecto demostración. Tal y como lo ha significado el caso de Alaska para proporcionar una referencia específica de instrumentación concreta del Ingreso Ciudadano.

Y en esta perspectiva América Latina tiene mucho que ofrecer. Me refiero no sólo al caso muy relevante que podría jugar Brasil, sino también a nuevas experiencias como son la Renta Dignidad recientemente establecida en Bolivia y la Pensión Ciudadana y diversos programas de transferencias en efectivo del Gobierno de la Ciudad de México.

En el caso de Bolivia el Gobierno de Evo Morales acaba de instituir la Renta Dignidad, pagada con impuestos a los hidrocarburos, que reciben de manera incondicional y universal todas las bolivianas y bolivianos mayores de 60 años, constituyendo en la primera pensión no contributiva y no condicional en la historia de ese país.

Por otro lado, en la Ciudad de México, actualmente 420 mil personas de 70 años y más, con el único requisito de haber residido tres años en la ciudad reciben una pensión equivalente al costo de la canasta básica alimentaria, 75 dólares, de manera individual, vitalicia y no condicional. Una pensión tan universal que no demanda el requisito de nacionalidad mexicana.

Asimismo la pensión ciudadana de la Ciudad de México desde el año 2004 se encuentra institucionalizada como un derecho exigible en la Ley.

Asimismo en la Ciudad de México existen otras transferencias monetarias permanentes, aunque no sean plenamente universales o tengan algún grado de condicionalidad. Es el caso de las 70 mil personas con discapacidad que reciben también 75 dólares mensuales con la sola acreditación de discapacidad permanente y residencia en zonas de pobreza mediana o grave. Actualmente se discute en el órgano legislativo de la ciudad una propuesta de universalización para cubrir al conjunto de personas con discapacidad residentes en la Ciudad.

De la misma manera 210 mil estudiantes de los planteles de educación media superior públicos cuentan con una beca para los tres años que dura el ciclo escolar. Es una beca entregada de manera individual sólo a estudiantes de planteles públicos, condicionada a la permanencia en la escuela y con diferenciales de monto, entre 50 y 75 dólares, dependiendo del desempeño escolar.

Estas tres transferencias: pensión ciudadana, ingreso para personas con discapacidad y beca a estudiantes de escuelas públicas, encuentran puntos de contacto muy importantes con el Ingreso Ciudadano, la más cercana la pensión ciudadana (universal y no condicionada), intermedia, la de personas con discapacidad (no condicionada pero aún no universal) y más distante, la beca a estudiantes (por su temporalidad, condicionalidad y universalización parcial).

Aún así apuntan en la perspectiva de la instrumentación de transferencias permanentes e individualizadas con nula o baja condicionalidad que permiten ir construyendo la masa crítica inicial de un Ingreso Ciudadano.

Se dice fácil, pero actualmente en la Ciudad de México, con recursos exclusivos del Gobierno Local, con estas tres transferencias y otros programas más pequeños, cerca de 800 mil personas habitantes de la ciudad están recibiendo una transferencia monetaria mensual, alrededor del 9% de la población de la ciudad.

Es además un proceso construido en un tiempo relativamente corto de menos de ocho años, en donde la tendencia ha sido el crecimiento progresivo de las transferencias que se iniciaron en el año 2001 con 150 mil adultos mayores y en 2008 ya cubren a 800 mil personas.

Pero probablemente lo más relevante es la legitimidad social que han ido adquiriendo estas transferencias. Durante los años 2001 y 2002 fue frecuente escuchar severas críticas contra la pensión de adultos mayores y oposición beligerante de ciertos sectores a su instrumentación. Y en realidad se trató de los mismos argumentos que se esgrimen contra el Ingreso Ciudadano.

En ese momento no lo sabíamos, pero el debate que se desarrolló en la Ciudad de México en esos años sobre la pensión de los adultos mayores, fue en realidad el primer debate sobre el Ingreso Ciudadano.

Los argumentos en contra fueron los de siempre: “no se debe regalar dinero”, “no se deben entregar recursos a cambio de nada”, “sólo deben entregarse a quien realmente lo necesite”, “la pensión debe ser únicamente para quienes carezcan de jubilación formal”, “los adultos mayores no requieren regalos, sino trabajo”, “no hay recursos”, “no es sostenible”, “se va a desatar una crisis fiscal”.

Unos cuantos años después estos argumentos han desaparecido en la Ciudad. No sólo se ganó una batalla política, se ganó una batalla cultural. Rota la primera resistencia, no se han presentado nuevas a otras iniciativas de transferencias directas.

Si hace años el cuestionamiento era la transferencia a adultos mayores, ahora lo que se critica es que sólo sea a los de 70 años y no a grupos de menor edad. La lógica que predomina ahora es la necesidad de la expansión, no de la restricción. Una perspectiva más cercana a la universalización que a la focalización.

En el debate público lo más relevante ha sido el cambio en la apropiación subjetiva, en particular de la pensión de adultos mayores. La oposición al programa cesó y ya no es factor de cuestionamiento público. Al contrario se ha incorporado como un nuevo derecho de ciudadanía y gobiernos de otras entidades federativas y el propio Gobierno Federal iniciaron réplicas más o menos adecuadas de la pensión ciudadana de Ciudad de México. Esto es: funcionó el efecto demostración.

Por ello actualmente en el país, por ejemplo, hay un programa nacional de pensión no contributiva a adultos mayores rurales que incluye a todas las personas de 70 años y más que vivan en localidades de menos de 15 mil habitantes. Y año tras año en el Presupuesto de Egresos de la Federación se amplia la cobertura para los adultos mayores rurales.

Asimismo el Partido de la Revolución Democrática presentó una iniciativa de Ley para el establecimiento del Ingreso Ciudadano Universal en el país y el Partido Alternativa Socialdemócrata planteó su reconocimiento como derecho en el contexto del capítulo de garantías sociales de la reforma del Estado. Ambos procesos aguardan su procesamiento en la Cámara de Diputados.

En América Latina las políticas oficiales de combate a la pobreza de sesgo neoliberal se han estructurado en torno a las llamadas Transferencias en Efectivo Condicionadas (TEC) que expresan muy claramente programas como Oportunidades en México o Bolsa Familia en Brasil.

Sin embargo y a pesar de las serias críticas para estos programas por su focalización, su no individualización, su condicionalidad y su temporalidad, en realidad también representan una base material inicial para construir el Ingreso Ciudadano. Plantear la transformación de las Transferencias en Efectivo Condicionadas en Ingreso Ciudadano: Universal, Individual, Permanente, Incondicional y reconocido como Derecho Exigible es un objetivo político realista que nos permite contar en América Latina con una base material y presupuestal inicial para construir el Ingreso Ciudadano.

En América Latina el tema de la política social no son las transferencias monetarias en sí, sino la naturaleza de las mismas. universales o focalizadas, individuales o por hogar, temporales o permanentes, condicionadas o incondicionales, meritocráticas o exigibles. Y en todos y cada uno de estos puntos contamos desde la mirada del Ingreso Ciudadano con argumentos poderosos, convincentes y movilizadores.

Dice un viejo refrán popular en México que “nadie sabe para quien trabaja”. Y así debemos agradecerle a los constructores de las Transferencias en Efectivo Condicionadas que, en realidad, hayan puesto las primeras bases materiales del Ingreso Ciudadano, una vez evidenciadas las limitaciones de sus programas focalizados y condicionados.

Por ello en América Latina la discusión sobre el Ingreso Ciudadano abordará la dimensión de los recursos, por supuesto, pero será sobre todo una discusión de sustancia y contenidos. En todo caso las políticas oficiales se basan ya en transferencias, pero deberán demostrar que focalizadas, condicionadas, temporales y por hogar, son mejores que la propuesta del Ingreso Ciudadano Universal. Me temo que van a tener enormes dificultades para demostrarlo y que como ya sucedió en el inicio del siglo XXI en la Ciudad de México tenemos todos los elementos para volver a ganar esta batalla cultural.

Una alerta adicional: cuidar en el debate la falsa promesa de un trade off entre Ingreso Básico y Derechos Sociales. No se trata de obtener un Ingreso Ciudadano sin la garantía del resto de los derechos a la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, la cultura, la recreación, la vida digna, sino de la acumulación de los derechos, en donde el Ingreso Universal es un nuevo derecho, además de los derechos sociales clásicos, no en vez de ellos. Ni los suplanta, ni los suple, se suma a ellos.

En suma, cada vez tendremos más noticias del Ingreso Ciudadano desde el Sur y muy señaladamente desde América Latina. Contamos con leyes o con proyectos de ley, con experiencias concretas, con programas exitosos que pueden servir de referencia y con la necesidad de encontrar nuevas propuestas y alternativas frente al desafío de la pobreza y la desigualdad.

Asimismo, la crisis alimentaria mundial que vuelve a poner con crudeza en la agenda pública el tema del hambre y del derecho elemental a la alimentación, abre un campo propicio para la recepción de la propuesta del Ingreso Ciudadano como materialización del derecho a la existencia y como instrumento concreto para hacer vigente el derecho a que nadie se quede sin comer.

Por muchos de los motivos mencionados es que en México en un tiempo muy corto, los 18 meses entre nuestro Congreso en Ciudad del Cabo y nuestro Congreso en Dublín, el tema del Ingreso Ciudadano ha entrado en el debate público. En particular pudimos organizar el primer seminario internacional en México dedicado al debate del Ingreso Ciudadano en el cual participaron destacados integrantes de la BIEN y cuyo producto fue un libro cuyo edicional original de 2,000 ejemplares prácticamente se ha agotado.

El Ingreso Ciudadano ha tenido una buena acogida inicial y hemos logrado formar un grupo promotor a favor del mismo, pero sabemos que lo verdaderamente difícil está por venir en el proceso de construcción de una mayoría social y política que haga posible el Ingreso Ciudadano en México.

Esta sencilla y poderosa idea con alto potencial de cohesión y movilización que es además una bella y estimulante razón para luchar por un mundo mejor.

Discurso de Pablo Yanes en el XII Congreso del BIEN.